Los periódicos y medios de comunicación generalistas occidentales son muy parciales y sesgados en todo lo que concierne y ocurre en Eretz Israel, no sólo al proyecto de ley del Gobierno de reforma del sistema judicial. De por sí el sistema judicial actual goza de una independencia genuina y cuasi perfecta en relación con el existente en otras democracias. Ya en el espíritu y la letra de la carta fundacional del Estado de Israel de 1948 ó de Declaración de Independencia se pone de relieve la existencia y coexistencia de los tres poderes del Estado, pero sobre la base y esencia de la identidad judía del mismo, sin renunciar al pluralismo religioso, político e institucional.
En mi modesta opinión personal, cabría apelar a una parte del texto contenido en la Amidá que alude al sistema judicial genuino del Pueblo Judío: "Restaura a nuestros jueces como al principio y a nuestros consejeros como al inicio...". (השיבה).
De la noche a la mañana, la Knesset, el Parlamento israelí, votó a favor de seguir adelante con la Cláusula de Anulación, aprobando el proyecto de ley con una mayoría de 61 a 52 en su primera lectura, según informe de la Ajencia Judía de Noticias AJN. El proyecto de ley se formuló en el mes de enero del presente año 2023. Una reforma que ha suscitado rechazo en un segmento siginificativo de la sociedad israelí, que se ha traducido en 12 manifestaciones públicas y en un posible riesgo de fragmentación y enfrentamiento, que pone en serio riesgo la estabilidad y seguridad nacional frente a agentes externos o países adversos.
La cláusula, quizá la parte más polémica del controvertido plan de reforma judicial del gobierno israelí, facultaría a la Knesset, con una mayoría de 61 votos, a vetar las sentencias del Tribunal Supremo que anulen leyes de la Knesset. Este aspecto podría colisionar con la independencia del Poder Judicial, como árbitro y garante de la supremacía de la Ley. El Tribunal Supremo perdería su fuerza y solidez frente a abusos o errores de otros estamentos del Estado.
También consagraría por primera vez en la legislación israelí el derecho del Tribunal Supremo a la revisión judicial, un hecho que los detractores de la reforma ignoran con demasiada frecuencia.

El Derecho Constitucional en Israel

Cuando Israel declaró su independencia en mayo de 1948, la Declaración pedía la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una constitución, que debía estar terminada a más tardar el 1 de octubre de ese año.
Sin embargo, como sucede a menudo, la realidad intervino, en forma de una invasión árabe masiva, retrasando no solo la redacción de la constitución, sino también la elección de la asamblea constituyente.
Las elecciones no se celebraron hasta finales de enero de 1949, lo que dio lugar a la formación de la asamblea constituyente, más tarde denominada Primera Knesset.
La Knesset, que ya había incumplido el plazo original de octubre de 1948, tuvo dificultades para llegar a un acuerdo sobre la aprobación de una constitución. Los legisladores religiosos y laicos discrepaban sobre cuestiones de religión y Estado, y el entonces primer ministro David Ben Gurión se oponía a la ratificación de cualquier documento que, en su opinión, distrajera la atención de los problemas concretos e inmediatos a los que se enfrentaba el joven Estado.
En 1950 ya era evidente que no se podría llegar a un acuerdo en la primera legislatura de la Knesset para redactar una constitución exhaustiva, lo que dio lugar a la Resolución Harari.
Redactada por Yizhar Harari y aprobada por la Knesset, la resolución encargaba a la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset la elaboración de una constitución, ordenándole que lo hiciera poco a poco, con Leyes Básicas individuales, que un día serían ratificadas conjuntamente como la constitución de Israel.
La Primera Knesset encarga a la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia que elabore un proyecto de Constitución del Estado. "La constitución se construirá capítulo a capítulo, de forma que cada uno constituya una Ley Fundamental independiente. Los capítulos se presentarán a la Knesset cuando el comité complete su trabajo, y todos los capítulos juntos constituirán la Constitución del Estado", según el informe difundido por la Agencia Judía de Noticias.
En las décadas transcurridas desde la aprobación de la resolución, la Knesset ha aprobado 13 Leyes Fundamentales distintas, modificándolas en numerosas ocasiones, la última de ellas en vísperas de la formación del nuevo gobierno el pasado diciembre.

La revolución constitucional

Durante los 45 años siguientes, el poder judicial israelí no interpretó las Leyes Fundamentales individuales como una constitución de facto, y solo asumió una revisión judicial sustantiva muy limitada, definida en dos casos históricos en 1969 y 1974.
En el primero, el Tribunal Supremo anuló una norma que limitaba la financiación estatal de las campañas electorales de los partidos políticos. En su decisión en el caso de Aharon A. Bergman contra el ministro de Finanzas, el tribunal dictaminó que, dado que la Ley Fundamental: La cuarta sección de la Knesset requería una mayoría absoluta de 61 diputados para enmendar (en lugar de una mayoría simple de diputados votando), esa parte de la Ley Básica está arraigada en el derecho constitucional.
En una sentencia de seguimiento del caso del Néguev de 1974, el Tribunal aclaró que no tiene derecho de revisión judicial basado en otras Leyes Fundamentales no arraigadas.
Sin embargo, la situación cambió con la revolución constitucional de Israel en la década de 1990, cuando el Tribunal Supremo asumió amplios poderes de revisión judicial, junto con un uso masivamente extendido del criterio de razonabilidad para anular decisiones y nombramientos administrativos.
Aharon Barak, entonces juez asociado del Tribunal Supremo, afirmó que la aprobación en 1992 de dos nuevas Leyes Fundamentales —Ley Fundamental: Libertad de Ocupación y Ley Básica: Dignidad Humana y Libertad— establecía amplios poderes de revisión judicial para el alto tribunal.
Aunque ninguna de las dos leyes se aprobó con una mayoría de 61 escaños, la primera incluía una cláusula que solo podía modificarse con una mayoría de 61 escaños.
La Ley Fundamental: Dignidad Humana y Libertad no tenía umbral de votos para su modificación, pero incluía una cláusula que limitaba la aprobación de leyes que violaran la nueva Ley Fundamental a “una ley acorde con los valores del Estado de Israel, promulgada con un propósito adecuado y en una medida no superior a la necesaria”.
En 1995, el Tribunal dio su primer paso concreto en la afirmación de su propio derecho a una revisión judicial exhaustiva con el caso Bank Mizrahi v. Migdal Cooperative Village, dictaminando que una Knesset individual puede vincular a futuras Knesset, limitando la soberanía de cualquier Knesset como asamblea constituyente de Israel.
A partir de 1997, el Tribunal Supremo aprovechó su recién declarado derecho a la revisión judicial, anulando 20 leyes aprobadas por la Knesset.
En la década de 1990 solo se recurrió a la revisión judicial en dos ocasiones, pero en años posteriores se hizo con más frecuencia: en la década de 2000 el Tribunal anuló cuatro leyes y en la de 2010, doce. El tribunal también anuló dos leyes en 2020.

El impulso de la reforma 

La rápida expansión del activismo judicial en las dos últimas décadas provocó una reacción violenta, sobre todo en la derecha, no solo contra el uso que hace el Tribunal de la revisión judicial, sino contra toda una serie de cuestiones de larga data, como la composición del Tribunal y el papel que desempeñan los jueces en el nombramiento de sus propios sucesores.

Los jueces israelíes son nombrados por un comité de nueve miembros, que incluye a dos ministros, dos miembros de la Knesset (tradicionalmente uno de la Coalición y el otro de la Oposición), dos miembros del Colegio de Abogados de Israel y tres jueces del Tribunal Supremo.
Esto ha dado a los cinco funcionarios no electos del comité un derecho de veto de facto sobre los nombramientos judiciales, aunque una reforma de 2008 amplió en cierta medida la influencia del gobierno, al exigir una supermayoría de siete votos para confirmar a los nominados.
En las últimas dos décadas, la fe en el Tribunal Supremo ha disminuido significativamente, con una mayoría de israelíes que creen que los jueces del tribunal están muy influenciados por sus propias opiniones políticas.
Una encuesta del Instituto Israelí para la Democracia de 2019 reveló que el 59 % de los encuestados, incluidos árabes y judíos, afirman que las decisiones profesionales de los magistrados están muy influidas o muy influidas por sus opiniones políticas personales, frente a solo el 32 % que afirma que sus fallos no están influidos en absoluto por sus opiniones o solo lo están en cierta medida.

Declive de confiaza

Una encuesta realizada en 2021 por la Universidad de Haifa reveló un descenso significativo de la confianza general en el poder judicial israelí.
Los israelíes dieron al poder judicial una puntuación media de 3,25 en una escala de 1 a 5 en 2016, pero esa cifra cayó a 2,67 en 2020. La confianza en el Tribunal Supremo cayó de 3,18 en 2016 a 2,74; el nivel medio de confianza en el Fiscal General cayó de 3,05 a 2,53, y la confianza en el fiscal del Estado cayó de una media de 3,11 a 2,5.
Aunque la cuestión de la reforma judicial se viene considerando desde hace tiempo, el impulso a favor de una revisión completa ha cobrado fuerza tras una serie de importantes decisiones del Tribunal Supremo que han enfurecido a importantes sectores de la derecha.
En particular, el Tribunal ha provocado la ira de los votantes haredi (ultraortodoxos), en parte debido a la anulación de dos leyes distintas, en 2012 y 2017, que protegían los aplazamientos del servicio militar para los estudiantes de la yeshivá (escuela de estudios religiosos).
Una letanía de sentencias que confirman las órdenes de demolición de comunidades israelíes en Judea y Samaria han tenido un impacto similar en el apoyo a la reforma judicial entre el público sionista religioso, al igual que las decisiones que revocaron una ley en 2002 que normalizaba las emisiones de radio de Arutz Sheva, y la sentencia de 2020 que revocó una ley para legalizar ciudades israelíes no reguladas en Judea y Samaria.
Las sentencias sobre cuestiones sociales, como la ampliación del reconocimiento de los movimientos reformista y conservador en Israel —en particular con respecto a las conversiones realizadas por ambos grupos— no han hecho sino reforzar el apoyo de los legisladores haredi y sionistas religiosos a la reforma judicial.
No es sorprendente que el apoyo al activismo judicial del Tribunal Supremo esté fuertemente correlacionado de forma negativa con la observancia religiosa.
Según el Índice de Voces del Instituto para la Democracia en Israel de diciembre de 2022, solo el 15 % de los encuestados haredi cree que el Tribunal Supremo debería tener poder de revisión judicial, frente al 27,5 % de los sionistas religiosos y el 35 % de los judíos religiosos tradicionales.
Entre los judíos tradicionales que no se clasifican a sí mismos como religiosos, el 56 % apoya la revisión judicial, al igual que el 76 % de los judíos laicos.
Una nueva encuesta publicada por Radio Kol Hai el martes por la mañana encontró niveles aún más altos de apoyo al plan de reforma judicial del gobierno, con un 90 % de los encuestados apoyando la revisión, y un 86 % diciendo que se oponen a cualquier intento de llegar a un acuerdo de compromiso con la oposición.